El asesinato la semana pasada del viceministro de Régimen Interior boliviano, Rodolfo Illanes, a manos de cooperativistas mineros, parece haber colmado el vaso en la relación del gobierno de Evo Morales con ese sector de trabajadores que fueron parte de la base que lo llevó al poder en 2005. Así, el Gabinete en pleno aprobó un paquete de resoluciones que dan un drástico giro a las normas vigentes.
En primer lugar se anunció que las autoridades van a revertir las concesiones mineras a cooperativas que suscribieron contratos con empresas privadas. Además, se plantea reintegrar al Estado aquellas áreas cedidas a cooperativas que no hayan sido explotadas. Por otro lado, y reafirmando la ley que desencadenó la protesta de los cooperativistas, el gobierno insiste en la obligación de dar los beneficios sociales y laborales que les corresponden a sus trabajadores y a dar información sobre su producción e ingresos.
“El Gabinete hizo una evaluación de la actividad productiva del sector cooperativista minero, experiencia que en muchos casos fue apoyada y fomentada en momentos del neoliberalismo y que ha generado una estructura que privilegiaba y beneficiaba principalmente a sectores privados y una élite cooperativista”, justificó el ministro de Minería, César Navarro. El bárbaro crimen de Illanes se produjo en el marco de protestas contra la ley que permite la sindicalización de los trabajadores de cooperativas que no forman parte de la sociedad. La policía no intervino cuando el funcionario, que había ido a negociar, fue retenido por los manifestantes. Argumentaron que los mineros tenían dinamita, una práctica que convirtió a ese gremio en el motor de las protestas sociales.
Tiempo Argentino
Setiembre 4 de 2016