El presidente Enrique Peña Nieto aparece cada vez más envuelto en la trama por la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cuando se cumplen mañana dos años del trágico suceso que aún conmueve a la sociedad mexicana. El mandatario viene siendo objeto de fuertes cuestionamientos por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, y por organizaciones civiles y políticas. Y no acierta a dar una respuesta contundente que demuestre no solo que el Estado se hace cargo de su responsabilidad en el hecho sino que además hace lo posible para investigar seriamente y castigar como corresponde a los asesinos y sus cómplices, que a todas luces son parte de ese mismo Estado, como lo demuestran las pesquisas independientes que intervinieron en el caso, incluso del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
La última vuelta de tuerca sobre el caso es que intentó correr administrativamente el trabajo que venía realizando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un panel de especialistas que se armó en noviembre de 2014 a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con anuencia de los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano, del que también forma parte el EAAF.
El grupo se formó cuando la “verdad histórica” del caso se convirtió en una bomba de tiempo en el despacho de Peña Nieto, porque nadie se la creyó. Al poco tiempo, esta investigación independiente no solo echó por tierra la versión oficial, sino que la contradijo al punto de responsabilizar a miembros de las fuerzas de seguridad municipales, estaduales y nacionales. Fue así que hace seis meses el gobierno central decidió no renovar el acuerdo. Una forma esquiva pero evidente de deshacerse de esta indagación incómoda.
¿Qué dice la “verdad oficial»? Que los normalistas tomaron dos autobuses en Iguala, fueron bloqueados por policías municipales, resultaron atacados por hombres armados y en esas circunstancias tres estudiantes fueron muertos. Los otros terminaron entregados a una banda del cártel Guerreros Unidos, ligado al entonces alcalde de Iguala, que los asesinó y quemó los cuerpos en un basurero de Cocula hasta que no quedó sino polvo, el que fue arrojado luego al río. Esa versión sostiene que fueron eliminados porque los adolescentes pretendían protestar en un acto que iba a realizar la esposa del alcalde.
El GIEI, en cambio, determinó mediante pruebas testimoniales telefónicas y del sistema de comunicación interna de la policía que hubo uniformados de los tres estamentos estatales involucrados en los momentos clave del bloqueo de la carretera y el desalojo de los estudiantes de los ómnibus. También dice un informe al que tuvo acceso Tiempo que “más de una investigación científica (incluyendo la del EAAF) descartó la posibilidad de que los cuerpos de los estudiantes pudieran haber sido incinerados en el basurero de Cocula, según las condiciones climáticas, y sin dejar vestigios”. Es más, los restos del único muchacho que pudieron ser identificados, Alexander Mora, fueron hallados en circunstancias “muy sospechosas”. Precisamente el GIEI obtuvo videos que muestran a miembros de la Procuraduría General de la República (PGR) en el lugar de ese macabro hallazgo el día anterior y que no constan en ningún registro.
En paralelo, la misma PGR emitió un dictamen con su investigación interna donde revela que en algunos de esos videos se puede ver al entonces titular de laAgencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, recorriendo la ribera del río San Juan de Cocula, un mes después de la desaparición, en compañía del presunto sicario de Guerreros Unido, Agustín García Reyes, “El Chereje”, quien luego “confesaría” el bárbaro crimen ante las autoridades. El hecho, que causó gran conmoción, fue revelado por el portal de la periodista Carmen Aristegui.
El último paso de esta controversia fue la denuncia de la Visitaduría Interna de la PGR del 12 de septiembre contra el jefe de la AIC, nombrado por el primer mandatario, como responsable de maniobras de ocultamiento de pruebas. Ante el revuelo que se levantó, el presidente aceptó la renuncia del implicado, Tomás Zerón, pero lo designó secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad “en un reconocimiento a sus acciones y (porque) responde a la experiencia y capacidad que ha demostrado en sus encargos anteriores”. Además, echó al autor del lapidario informe, César Alejandro Chávez, y rechazó en forma terminante que se califique al caso como un crimen de Estado.
Tiempo Argentino
Setiembre 25 de 2016