El 2025 comienza con aumentos en los precios de todos los servicios –gas, electricidad, agua– y combustibles, con lo que el costo de los boletos de transporte también se incrementará más temprano que tarde, a pesar de que, según las cifras oficiales, la inflación viene en baja. El año nuevo ya se había anunciado con malas noticias por el desguace y el desmantelamiento de áreas claves del Estado, comentaba el titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, en una asamblea del gremio para tratar los despidos en la exEsma y el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti. No se había cumplido una semana de esta nueva hoja del almanaque cuando el Gobierno le dio una vuelta más de tuerca a la tormentosa relación con Venezuela: mientras reclamó ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la detención del gendarme Nahuel Gallo, arrestado desde el 8 de diciembre en algún lugar de Caracas no revelado, Javier Milei recibirá al antichavista Edmundo González Urrutia, al que reconoce –al igual que países europeos y EE.UU.– como presidente de Venezuela, cuando el próximo viernes Nicolás Maduro será investido con un nuevo mandato.
Parecen muchos temas para tan pocos días, pero se sabe que la gestión paleolibertaria actúa con urgencias para implementar sus políticas. Para remachar en caliente, como se suele decir, o simplemente para cambiar los ejes de la sociedad antes de que las variables económicas dejen de resultar favorables. Y ojo que Milei no se anda con vueltas a la hora de explicar su estrategia. Ya lo dijo en el cierre del Coloquio de IDEA, la ONG empresarial, en el encuentro que se realizó en Mar del Plata en octubre pasado.
«Teníamos claro que por el tipo de ajuste que estábamos haciendo era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto, por decirlo de alguna manera, de lo que estaba ocurriendo», dijo esa vez, con un guiño canchero y sin sonrojarse.
Parece que en este verano pretende repetir aquel impacto y comenzó con despidos en todas las áreas del Estado y especialmente en las relacionadas con la defensa de los derechos humanos y los Espacios de la Memoria. Sitios que la sociedad fue recuperando para resaltar los valores con que buscó construir la democracia luego de los años del horror de la dictadura cívico-militar.
La dupla ganadora del balotaje de noviembre de 2023 era rotundamente negacionista, con un candidato a presidente que resaltó en cada ocasión su rechazo a las políticas desarrolladas por Raúl Alfonsín desde el 10 de diciembre 1983, y Néstor y Cristina Kirchner en este siglo. Su vicepresidenta, Victoria Villarruel, por lo demás, desplegó su carrera política reivindicando a los condenados por crímenes contra la humanidad.
Las notorias diferencias que fueron creciendo entre ellos en este año y monedas nunca borraron, y puede aventurarse que no lo harán, esa coincidencia de matriz.
Lo que para un mandatario que hace gala de elementos de la lógica para ridiculizar a quienes se oponen a su línea de pensamiento –con términos como «falacia ad hominem», propios de manuales de escuela secundaria–, estos días marcaron también groseras contradicciones, solo explicables por la banalidad esencial de sus argumentaciones.
Veamos: que las fuerzas de seguridad impidan el acceso a los edificios destinados a mantener la llama de los derechos humanos, en los mismos sitios donde se produjeron las peores atrocidades, espacios que siguen una línea que en Europa se desarrolló tras la Segunda Guerra Mundial y para mantener el permanente recuerdo de la barbarie nazi en los campos de exterminio.
❗Repudiamos el accionar de la Secretaría de Derechos Humanos en la ex ESMA, impidiendo el acceso a trabajadores y trabajadoras, en el marco de los despidos masivos. Lo hacen con el uso de personal policial donde funcionó un centro clandestino y hoy existe un espacio de memoria pic.twitter.com/3pSfNhf4xW
Que luego de los incidentes con el Gobierno de Maduro –que llegaron al punto de un generarme argentino detenido por intentar su ingreso irregular en Venezuela, en condiciones difíciles de explicar para las autoridades nacionales– la cancillería recurra al la Corte Penal Internacional (CPI) se convierte en un despropósito. Más aún, cuando la ministra Patricia Bullrich, jefa de la institución en la que reporta Nahuel Gallo, habla de «desaparición forzada» del joven a manos del «régimen de Maduro». Y que lo catalogue de «crimen imprescriptible para los autores», al mismo tiempo que desde otros rincones de esa gestión se analizan mecanismos para liberar a los condenados de la última dictadura.
Denunciamos desde nuestra Cancillería ante la Corte Penal Internacional al régimen de Maduro por la desaparición forzada de nuestro gendarme Nahuel Gallo. Crimen imprescriptible para los autores. No vamos a permitir que el régimen tome de rehén a Nahuel.
Por si esto fuera poco, la CPI es el mismo tribunal al que adhiere Argentina, donde tiene rango constitucional, y que recibió fuertes críticas de la Casa Rosada en noviembre a raíz de la orden detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por crímenes de lesa humanidad en Gaza. Lo que evidencia una ostensible doble vara, aunque en el contexto actual de las relaciones internacionales, habrá que reconocer que no desentona tanto.
Declaración de la República Argentina en defensa de Israel
La República Argentina manifiesta su profundo desacuerdo con la reciente decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir órdenes de arresto contra el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el…
Para un Gobierno que se basa en irritaciones varias diseminadas en las redes sociales, provocaciones calculadas y el ejercicio pertinaz de la simulación, el despido de la subsecretaria de Turismo, la segunda del titular de esa área, el excandidato peronista Daniel Scioli, aparece como otra puesta en escena de pretendida austeridad. Yanina Martínez viajó a Londres y cayó mal que hubiera desoído la orden presidencial de no salir de vacaciones al exterior. Por otro lado, Bullrich explicó su visita a Disney en que era una vieja promesa a sus nietos para «cuando terminaran la primaria». El vocero Manuel Adorni irá por esos lares también. Él aseguró que hace diez años vacaciona con su familia en Miami y no era cuestión de cambiar las costumbres.
En este rubro marquetinero habría que anotar al retiro de la custodia a la exprimera dama Fabiola Yañez en Madrid. En este caso, Bullrich respondió públicamente a una orden de Milei para proceder en un asunto que lo preocupa, dice, como es el uso que se les da a los impuestos de los ciudadanos, que, afirma, deben ser «para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura».
Presidente: ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la Justicia. https://t.co/0qjuFTRBp5
La idea de que la disolución de la Unión Soviética fue una catástrofe para el espacio socialista pero también para Estados Unidos no es nueva. Analistas de fuste como el francés Tierry Meissan sostienen que incluso la falta de un enemigo enfrente, como era el bloque comunista, dejó a Occidente sin un incentivo para sostener su unidad. Y en el caso estadounidense, dejó –entienden– a la principal potencia planetaria en riesgo de una guerra civil porque su cohesión interna estaba amalgamada en torno a un objetivo al que finalmente llegó sin la guerra con la que soñaban sus estrategas. La realidad de EE.UU. de estos últimos años da ejemplos en favor de esa tesis, lo que explicaría el rol que intenta cumplir Donald Trump en esta particular trama.
No es novedoso tampoco sostener que el presidente argentino adhirió a esas estrategias extremas para cimentar su imagen política en un contexto como el de la crisis económica que asolaba al país. Y desde el 10-D de 2023 busca consolidarla para aplicar sus políticas regresivas en modo «aturdimiento colectivo». En ese período, tanto él como funcionarios y adherentes del oficialismo, descargaron en forma recurrente agravios y descalificaciones hacia opositores políticos, sectores sociales, organismos de derechos humanos, sindicatos, entre muchos otros. Las agresiones manifestadas en la ciudad suiza el 23 de enero, sin embargo, generaron las masivas marchas del 1 de febrero en todo el país. No siempre es gratis agraviar.
El fuego y sus circunstancias Todo el debate generado en torno a esa alta dosis de ira del jefe de Estado fue en paralelo al avance de las llamas en la cordillera patagónica. En esta instancia, el Gobierno nacional –con el inestimable aporte de los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut, y Alberto Weretilnek, de Río Negro– tiraron la pelota afuera para no hurgar en las responsabilidades del desastre ambiental, social y económico que se extiende desde San Carlos de Bariloche hasta El Bolsón y Epuyén. Al igual que el «seguidismo» característico de Milei sobre Trump –como el anuncio de retiro de organizaciones internacionales como la OMS o la Comisión de Derechos Humanos la ONU–, la Casa Rosada buscó culpables antes que soluciones. Así había hecho días antes el magnate inmobiliario, culpando a los demócratas por los incendios en Los Angeles.
En esta parte del continente se apunta a los mismos que en su anterior paso por el Ministerio de Seguridad había designado Patricia Bullrich: las comunidades mapuche. Un enemigo más fácil de reconocer y un pueblo que desde la recuperación de la democracia venía logrando mínimas, aunque importantes, reivindicaciones territoriales y culturales. Como se recordará, en enero de 2016 Bullrich comenzó a hablar de una organización denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y los medios nacionales señalaron a Facundo Jones Huala como su «violento» líder.
Desde entonces la RAM estuvo a mano para caratular cualquier incidente en esas regiones, donde el que aparece como dueño y señor de voluntades y fuerzas de choque es el inglés Joe Lewis, quien en abril pasado fue condenado en Nueva York a tres años de libertad condicional y el pago de 5 millones de dólares de multa tras haberse declarado culpable del uso de información confidencial para hacer negocios bursátiles. La RAM y Jones Huala volvieron a la escena en esta nueva etapa, con una detención del lonko mapuche de menos de 24 horas, el 19 de enero, tras haber sido acusado de intento de robo de un auto, que no pudo probarse ante la fiscalía.
A medida que los incendios se extendían, ni Torres ni Weretilnek hablaban de cómo frenar el infierno, ni de si se debía a cuestiones climáticas, falta de previsión o la necedad de algún turista o, como finalmente se demostró, a un hecho intencional.
EL BOLSÓN: ESTAMOS ANTE UN HECHO INTENCIONAL Y DELICTIVO
La Policía de Río Negro, el Fiscal de Turno y peritos accedieron a los puntos donde comenzó el fuego. En uno de ellos se encontró una botella de vidrio, que será peritada para determinar su vinculación con el incendio.… pic.twitter.com/yBExy5qaDR
LOS DELINCUENTES QUE INCENDIAN NUESTRA CORDILLERA VAN A TERMINAR TODOS PRESOS
Hoy, después de estar en Epuyén acompañando a las familias damnificadas por el incendio, estuvimos presentes en un nuevo foco ígneo que estaba siendo rápidamente apagado por los Bomberos, luego de que,… pic.twitter.com/xAej0wstT2
No le pusieron nombre a los supuestos autores, pero a los pocos días se registraron incidentes en la comisaría de El Bolsón cuando un grupo de pobladores fueron a reclamar por la detención de tres brigadistas y fueron apaleados por parapoliciales a caballo. El intendente de esa ciudad de la Comarca Andina, Bruno Pogliano, dio la vuelta de tuerca que faltaba al hablar de terrorismo.
Bullrich, a todo esto, anunciaba que el Gobierno nacional declarará a RAM como organización terrorista. Fue el mismo día que la cartera a su cargo pasó de ser Ministerio de Seguridad de la Nación a Ministerio de Seguridad Nacional. «No es solo un cambio de nombre, es una transformación profunda en la forma de entender la seguridad en nuestro país». Posteó en sus redes la funcionaria, para afirmar luego que la prioridad «será la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo».
EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN AHORA ES EL MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL: UNA NUEVA ERA CONTRA EL CRIMEN
Argentina tiene, por primera vez, un Ministerio de Seguridad Nacional. No es solo un cambio de nombre, es una transformación profunda en la forma de entender la…
Como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Gobierno de George W. Bush desplegó una guerra global contra el terrorismo, amparado en la llamada ley USA Patriot (rebuscado acrónimo en inglés por «Ley para Unir y Fortalecer a Estados Unidos Proveyendo las Herramientas Apropiadas Requeridas para Impedir y Obstaculizar el Terrorismo»), muy criticada porque otorga poderes especiales al Gobierno federal para realizar escuchas telefónicas y vigilar las comunicaciones electrónicas, entre otras cuestiones.
Nunca hubo consenso sobre qué debe entenderse como terrorismo porque algunas de las definiciones les cabrían a acciones que suelen cometer las grandes potencias. El proyecto de Milei-Bullrich también recurre a un enemigo al que acusar de promover el terror. Puede ser el kirchnerismo, el radicalismo, la comunidad LGTBQI+, el socialismo-comunismo… o los mapuches por los incendios en el sur.
Dos personajes tan escandalosos como jactanciosos ocuparon la semana en los principales medios del mundo. Uno, el italiano Silvio Berlusconi, porque falleció a raíz de una leucemia, a los 86 años. El otro, Donald Trump, porque justo un día antes de cumplir los 77 años tuvo que escuchar en un juzgado de Miami los 37 cargos en su contra por documentación secreta encontrada en su mansión de Mar-a-Lago, en el estado de Florida.
Berlusconi y Trump compartieron perfiles se diría que calcados: empresarios inmobiliarios que llegan a la política con un preciso manejo de los medios y haciendo alharaca de sus conquistas sexuales, sin prurito para irritar al sentido común medio pero con un gran impacto en un electorado que celebra la humildad como valor político pero terminó seducido por la vanidad más vulgar.
Trump llegó este martes al tribunal envuelto en un aura de víctima de la persecución del «Estado profundo» y del partido demócrata, que según él busca sacarlo de carrera para las elecciones de 2024, cuando intentará volver a la Casa Blanca. Así se presenta en su red social Truth –fue bloqueado en Twitter y Facebook– y así creció otros diez puntos en las primeras encuestas luego de esta nueva comparencia judicial.
En abril pasado había tenido que presentarse en una corte de Manhattan por otros 34 cargos relacionados con el dinero de la campaña que lo llevó a la presidencia en 2016, el más sonado de ellos, el pago por el silencio a la actriz porno Stormy Daniels. En ambos estrados se declaró «no culpable». Los escándalos sexuales también lo vinculan con el que fuera presidente del Consejo de Ministros de Italia por tres veces y que lideró a los conservadores hasta su último día, el lunes pasado (ver aparte).
La acusación contra Trump era por varias cajas con archivos calificados como «Secreto de Defensa» que el FBI halló en su residencia de Miami apilados en un sector a la vista de los cientos de visitantes que se suelen solazar ante sus invitaciones.
El juez y el fiscal quisieron evitarse un show dentro del tribunal y prohibieron el ingreso de cámaras, grabadoras e incluso computadoras para que los periodistas tomaran apuntes. Sólo se supo a través de un cable de AFP que los reporteros lo describieron como irritado, con el ceño fruncido y los brazos cruzados de manera desafiante, en un gesto que lo caracteriza.
Como ya le había ocurrido en el caso de la actriz, Trump tuvo que sacarse una foto para el archivo procesal y «tocar el pianito» para verificar sus huellas dactilares. La causa es por retención ilegal de información relacionada con la seguridad nacional, obstrucción a la Justicia y falso testimonio, entre otras figuras penales.
A la salida, una multitud –sus seguidores estimaron en 50 mil personas– lo vitoreó gritando la que fuera su consigna de campaña, «Hagamos a EE UU grande nuevamente». Luego lo acompañó hasta un restaurante cubano donde le cantaron el feliz cumpleaños adelantado. Donald John Trump nació en Nueva York el 14 de junio de 1946.
Foto: AFP
«Es uno de los días más tristes de la historia de nuestro país, somos una nación el declive, soy víctima de una caza de brujas», insistió desde su plataforma Truth. «Cuando ves lo que han hecho, cuando ves los actos criminales y los actos horribles que han cometido… ¡y vienen por mí!», siguió protestando. «La Ley de Espionaje se ha utilizado para referirse a traidores y espías, no tiene nada que ver con que un expresidente guarde legalmente sus propios documentos», registró más tarde la cadena Fox News.
Petróleo venezolano
Si una particularidad tiene el 45º presidente de los Estados Unidos es la carencia de pelos en la lengua. Lo volvió a demostrar cuando dejó en claro que, si bien fue el único inquilino de la Casa Blanca que no inició ninguna guerra, ganas no le faltaron de haber invadido Venezuela durante su mandato.
En declaraciones que se inscriben en la campaña para recuperar el gobierno, y tras acusar otra vez a su sucesor de inepto, ahora recurrió a la política de la administración de Joe Biden sobre la República Bolivariana. «Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos hubiéramos apoderado de ella, nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo», dijo.
Y abundó: «Hubiera sido justo. Pero ahora compramos petróleo a Venezuela. Estamos haciendo a un dictador muy rico. ¿Pueden creerlo? Nadie puede creerlo». Y fue por más: «Yo hacía campaña y decía que íbamos a terminar siendo Venezuela con esteroides. Y eso es exactamente lo que le está pasando a nuestro país, se está yendo al infierno».
Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro replicó que la política que impulsaba Trump y que Washington siguió contra su país es un crimen de lesa humanidad. «Contra Venezuela se han hecho 1000 campañas, hace dos días el expresidente Donald Trump declaró su crimen contra el pueblo de Venezuela, declaró que el objetivo de su gobierno y de la sanción era hacer colapsar la sociedad venezolana para que el poder imperialista de EE UU se apoderara del petróleo de Venezuela». Maduro habló junto al presidente iraní Ebrahim Raisi en el marco de su visita oficial al otro paria de EE UU lleno de petróleo, Irán. «
Renuncian abogados
Jim Trusty, sin hacer caso al significado de su apellido (leal, confiable) alegó «diferencias irreconciliables» con su cliente para renunciar a la defensa de Donald Trump en una demanda por difamación contra la CNN. El caso se inició en octubre pasado cuando el expresidente llevó a los tribunales a la cadena televisiva, a la que acusa de calumniarlo como «racista», «lacayo ruso», «insurreccional» y, en última instancia, «Hitler».
«Señor. El retiro se basa en diferencias irreconciliables entre el abogado y el demandante y el abogado ya no puede representar de manera efectiva y adecuada al demandante», escribió Trusty en una presentación ante el juzgado que lleva su firma. Junto con Trusty también renunció al equipo legal John Rowley. Todo a partir de la causa que se sustancia en Florida por los archivos secretos.
Trump apareció en su lectura de cargos con los abogados Todd Blanche y Christopher Kise, pero se supone que a medida que las causas en su contra vayan prosperando, sumará a algún letrado más. Se supone que está en condiciones de contar con los mejores abogados que el dinero pueda comprar.
Robert Kennedy Junior está lanzado a disputar la candidatura presidencial por los demócratas y encontró un hueco por donde golpear al establishment no solo de su partido sino de Estados Unidos. Ya venía adelantando, como reflejó Tiempo la semana pasada,(ver acá) que rechaza rotundamente el acoso a Rusia de parte de la OTAN y prometió que de llegar a la Casa Blanca liberaría a Julian Assange y Edward Snowden, entre otros personajes a los que considera héroes por haber usado la libertad de prensa para mostrar el verdadero rostro del imperio. En pocas palabras, que el hijo del ex procurador Bobby y sobrino del expresidente John no oculta que entre sus enemigos están los organismos de vigilancia e inteligencia de Estados Unidos. Así lo repitió en un reportaje en una radio AM de Nueva York en el que acusó a la CIA de estar involucrada en el asesinato de JFK, registrado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas.
La hipótesis de que el asesinato de John Fitzgerald Kennedy fue obra de una conspiración de la que participaron organismos de inteligencia de Estados Unidos no es nueva. El caso es una incógnita recurrente y una herida abierta para la democracia de ese país. Ríos de tinta y kilómetros de películas muestran elucubraciones, documentos y diversos testimonios sobre el crimen. Para colmo, Robert Kennedy Jr. es hijo del que fuera secretario de Justicia de la administración de su hermano que también fue víctima de un magnicidio. RFK fue acribillado a balazos el 6 de junio de 1968 en el pasillo de un hotel en Los Ángeles donde celebraba su triunfo en las primarias en California en una contienda que lo tenía como fuerte candidato a la Casa Blanca. Dos meses antes había sido asesinado el pastor bautista Martin Luther King.
RFK Jr, de 69 años, no había militado políticamente hasta ahora. Se lo conoce como ambientalista y abogado defensor en litigios contra multinacionales como Monsanto y otros grandes contaminadores del río Hudson. Durante la pandemia sus acciones mediáticas crecieron porque cuestionó la vacunación contra el Covid-19, lo que llevó a que se lo considerara un antivacunas y a que le fuera bloqueada su cuenta de Instagram. Para más, sus críticas al “Estado Profundo” que integra el aparato burocrático asociado a los fabricantes de armas y el sistema financiero, lo hicieron parecer cercano a Donald Trump, lo que elevó las especulaciones de que intentaría una fórmula demócrata-republicana inédita en la historia de EEUU.
Estos días aclaró en su twitter que “bajo ninguna circunstancia” se uniría al expresidente. Había ido aclarando antes que nunca estuvo en contra de la vacuna, solo exigía que fueran suficientemente probadas y seguras antes de someter a las poblaciones a su aplicación. De paso reclama a Elon Musk porque le bloquearon el tuit en que pedía le devuelvan su Instagram.
Pero el domingo pasado habló con John Catsimatidis en el programa matinal de la WABC (770 AM) y afirmó que “está más allá de toda duda razonable” que su tío fue asesinado por una conspiración de la que participó la CIA. “Existen pruebas aplastantes”, abundó. Citó, entre ellas, una investigación de James W. Douglas, JFK and the Unspeakable (JFK y lo inconfesable) donde se detallan algunas de las maniobras y manipulaciones para que apareciera como magnicida un oscuro personaje, Lee Harvey Oswald, asesinado a su vez dos días más tarde –también en un pasillo, pero de un cuartel de policía- por Jack Ruby, dueño de clubes nocturnos ligado a la mafia.
El hombre que mató al padre de RFK Jr. se llama Sirhan Bishara Sirhan, nació en Jerusalén, es de origen palestino y había emigrado a EEUU con su familia una década antes. Fue detenido durante la balacera y condenado en primera instancia a la pena capital, luego conmutada por cadena perpetua.
En marzo pasado volvió a pedir su libertad condicional. A los 78 años de edad, pasó casi 55 años preso. Un tribunal de California volvió a denegarle el beneficio. SBS jura que no recuerda qué ocurrió ese nefasto día. Alguna vez se dijo que atentó contra RFK porque el candidato había comprometido su apoyo a Israel en Medio Oriente. Su abogado, Lawrence Teeter, afirma que fue víctima del programa MK Ultra, de la CIA y que actuó en estado de hipnosis.
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