por Alberto López Girondo | Dic 20, 2020 | Sin categoría
Boris Johnson enfrenta sus días más complicados desde que se mudó al 10 de Downing Street. Por un lado, el aumento desenfrenado de casos de Covid-19 eleva la alerta en el sistema de salud. Por otro, las negociaciones para el futuro acuerdo con la Unión Europea tras el Brexit parecen en un punto muerto. Pero los británicos tienen ese don de huir hacia adelante sin perder la elegancia y el plan de los conservadores, que se presenta como la recuperación del rol imperial de la nación, plantea un aumento del presupuesto militar de al menos 16 mil millones de libras para los próximos cuatro años. La cifra final, habida cuenta de un compromiso de incrementar el presupuesto medio punto sobre la inflación, podría llegar, sin embargo, a los 21.500 millones.
Este fin de semana los negociadores de la UE y del RU mantendrán reuniones en el edificio Barleymont, la sede de la Comisión Europea en Bruselas, para intentar un acuerdo de divorcio antes del 31 de diciembre que contemple puntos aún en discusión, como las conexiones aéreas y terrestres entre los países del bloque y las islas. Los más ultras entre los antieuropeos, como el nacionalista Nigel Farange, sostienen que luego de más de cuatro años de debates, y de haberse puesto en marcha el Brexit el 31 de enero pasado, es hora de cerrar la puerta al continente. “Es mejor un no acuerdo a un mal acuerdo”, escribió Farange en una columna.
Pero la cosa no es tan fácil incluso en el territorio británico. Los escoceses, por lo pronto, en 2014 aprobaron en un referéndum quedarse dentro del Reino Unido. En la consulta nacional de 2016, los escoceses dijeron de forma abrumadora que no querían irse de la UE y la ministra principal, Nicola Sturgeon, que recibió un fuerte espaldarazo en los comicios de 2019 al Parlamento británico, ahora quiere hacer una nueva consulta. La independencia escocesa, en este momento, sería volver a Bruselas. Más aun, las autoridades tienden puentes con los europeos para mantener las relaciones comerciales fuera del alcance de las restricciones que se avecinan.
Pero los primeros chisporroteos entre Londres y Bruselas ya se manifestaron en torno al control de la pesca en las plataformas marinas de uso exclusivo. Los convenios existentes, tratándose de miembros de la UE, contemplan cuotas para pescadores de cada país en aguas comunes. Pero si no hay un arreglo en estos días, todo indica que la Royal Navy comenzará a patrullar sobre sus dominios desde el 1 de enero y, como adelantó el Sunday Times, “abordará barcos franceses y arrestará a pescadores”. Ya están alistadas para tal fin cuatro naves de 80 metros de eslora.
Es en este contexto que puede entenderse también el anuncio del incremento de presupuesto militar. Como integrante de la OTAN dentro de la UE, Gran Bretaña tenía una serie de obligaciones y beneficios en relación con la defensa común. En lo que toca a la Argentina, la UE le reconocía a Malvinas como territorio de ultramar. Para Europa, ese es un tema menor, al igual que el de todos los enclaves coloniales que tiene en otros rincones del planeta, pero el gobierno de Johnson, ante la falta de otros incentivos para la unidad nacional, alienta la “recuperación de la independencia y la soberanía del yugo de la UE” con la mira en el por ahora ilusorio regreso a las glorias pasadas de potencia imperial.
Con casi 2 millones de contagiados y unos 67 mil muertos, el Reino Unido enfrenta un nuevo rebrote y los investigadores detectaron una mutación en el virus que alarma por las posibles consecuencias ante las fiestas de fin de año. Johnson, que al principio intentó mantener abierta la economía y aplicar la estrategia de “inmunidad de rebaño”, terminó apoyando al sistema de salud público de la corona tras sufrir en persona de coronavirus y haber debido internarse de urgencia.
Pero una cosa es la salud y otra la defensa. Y además de que el rearme militar es un fabuloso negocio para las grandes compañías internacionales, para los pro Brexit es una necesidad estratégica. Desde que el 31 de enero se inició la separación de bienes con la UE, se sabía de los planes para el rearme. Así fue que unos días antes el gobierno anunciaba un proyecto para la integración más estrecha entre diplomacia, fuerzas armadas y servicios de inteligencia. El objetivo declarado era ganar espacio en la disputa global. El ministro de Defensa, Ben Wallace, declaró a la prensa entonces: “No podemos depender militarmente de Estados Unidos”.
Pero a esa altura nadie pensaba que Donald Trump, gran impulsor del Brexit, podría perder las elecciones del 3N. Ni que la pandemia habría de trastocar gran parte de los planes de los gobiernos de todo el mundo. Pero a medida que se acerca el fin de año y se discute el pos Brexit, en noviembre Johnson abundó en el proyecto de rearme.
El titular de la cartera de Hacienda, Rishi Sunak, intentó mantener la caja del tesoro dentro de cánones relativamente fiscalistas. Bastante ya se le había ido de madre el presupuesto con los gatos en el sistema de salud. Y la economía sufría una brutal caída por la crisis sanitaria, estimada en un 11% del PBI en relación al año anterior. Se recordará que en la portada del The Guardian del 26 de noviembre, la muerte de Diego Maradona compitió con la noticia de que el país estaba en la mayor recesión en 300 años.
Pero Johnson le torció el brazo al chancellor de origen indio. “Es nuestra oportunidad para poner fin a la era de la retirada, transformar nuestras Fuerzas Armadas, reforzar nuestra influencia global, unir a nuestro país, apostar por las nuevas tecnologías y defender a nuestro pueblo y su modo de vida”, dijo el primer ministro. Los fondos conseguidos se utilizarán para la construcción de dos portaaviones.
“Tanques y aviones de guerra no nos mantendrán seguros ante las amenazas más graves que afrontamos: pandemia, pobreza y la emergencia climática. No puedes atacar a un virus con armas nucleares», respondió en un artículo del español eldiario.es Symon Hill, de la ONG pacifista Peace Pledge Union. «
Récord
Las exportaciones de armas estadounidenses autorizadas aumentaron un 2,8% durante este año, y llegaron a casi 176 mil millones en 2020 desde los 171 mil millones del año pasado, según cifras del Departamento de Defensa. Encabezan la lista los aviones de combate Lockheed Martin F-35. Los principales compradores fueron Japón, Marruecos e Israel. Australia compró también repuestos; Italia, partes para fabricar las alas del F-35, la plataforma de vigilancia E-7 Wedgetail; hace unos días fue aprobada también la venta de F-35 y de drones MQ-9 a Emiratos Árabes Unidos.
A esta cifra deben agregarse unos 51 mil millones de dólares de ventas militares de gobierno a gobierno durante la gestión de Donald Trump.
Tiempo Argentino, 20 de Diciembre de 2020
por Alberto López Girondo | Dic 17, 2020 | Sin categoría
Organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales denuncian la persecución de líderes y activistas populares en Colombia, en el contexto de cotidianas masacres que para la ONU exigen medidas concretas de las autoridades para ponerle fin al horror en el país sudamericano.
Desde Buenos Aires, Joice Barbosa, integrante del movimiento Congreso de los Pueblos, alerta sobre la profundización de la violencia desde la llegada de Iván Duque al poder, en agosto de 2018. “Este año en particular no da respiro, llevamos más de 80 masacres, con mas de 570 muertes, además de los asesinatos selectivos de personas que hacen tareas sociales”, dice Barbosa a Tiempo. La joven es una de los casi 125.000 colombianos que se exiliaron en Argentina a raíz de la dramática situación que se vive en su país.
Barbosa denuncia la detención arbitraria de Teófilo Acuña, Adelso Gallo y Robert Daza, que militan en la Coordinación Nacional Agraria y la Asociación Nacional Campesina de Colombia, organizaciones defensoras de los derechos de los campesinos y para ser más exactos, del derecho a la vida en ese territorio. “Muchas de las persecuciones se relacionan con ambientalistas que se enfrentan a las multinacionales, petroleras, mineras. Algo sobre lo que alertó el relator de las Naciones Unidas”, agrega.
De hecho, este martes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, presentó un informe donde registra las matanzas en ese país mediante “la intensificación de la violencia perpetrada por grupos no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia, que tienen como objetivo a los campesinos, indígenas y afrocolombianos”.
Este Informe Bachelet -que por cierto no tuvo la misma repercusión que los que involucran al gobierno de Venezuela- computa 66 masacres y 255 muertes este año, a los que suma 120 defensores de los DDHH y 244 combatientes de las FARC que firmaron los acuerdos de paz con el ex mandatario Juan Manuel Santos en 2016. Para el Instituto de Desarrollo para la Paz (Indepaz) durante este año hubo en cambio 86 masacres. La última fue el mismo martes, con cuatro víctimas fatales y dos menores heridos en el municipio de Armenia.
“La violencia se ha trivializado en Colombia -señala la dirigente chilena- después de décadas de conflicto armado, pero nadie debería aceptarlo”. Es tal en nivel de violencia que a raíz del asesinato del líder indígena Miguel Tapí Rito, el 3 de diciembre, un millar de integrantes de esa comunidad optaron por huir a un pueblo cercano en busca de protección de las autoridades.
Adelso Gallo, uno de los líderes detenidos el mismo martes, coordina una organización campesina en la Orinoquia colombiana y fue apresado en la ciudad de Villavicencio, Meta. Teófilo Acuña, por su parte, es de la región de Magdalena Mario, fue presidente de la Federación Agro minera del sur de Bolívar y fue vocero del Coordinador Nacional Agrario (CNA), del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria Étnica y Popular, y fue detenido en el municipio de Barranco de Loba, Bolívar. Robert Daza, en tanto, forma parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano, una organización del Norte de Nariño y Sur del Cauca, y fue detenido en Pasto, Nariño.
La Asociación Nacional Campesina José Galán Corzo denunció a través de un comunicado que «la detención de líderes sociales hace parte del recrudecimiento de la estigmatización y persecución al movimiento popular», y acusa directamente al Estado colombiano. Pero no se quedan en eso y también aseguran que existe un esquema armado junto con “las empresas nacionales y trasnacionales de explotación minero-energética” que son responsables de “los montajes judiciales contra los líderes sociales y por las afectaciones causadas a las familias y al movimiento social».
“La estrategia que es de capturas masivas en distintos puntos del país -detalla Barbosa- luego se los judicializa con un delito que es el de rebelión. Era la figura con que se acusaba a los integrantes de las guerrillas. De ese modo se los vincula con grupos armados con lo que deslegitiman su labor territorial, y se los estigmatiza a través de juicios mediáticos. El gobierno muestra que hace un trabajo contra el crimen, pero en realidad desarticulan la tarea territorial de los líderes populares, a los que trasladan a penales alejados de sus familiares. Como no hay pruebas los procesos se dilatan muchísimo y provocan el desgaste en las defensas. Al mismo tiempo, como son detenciones masivas, la gente se dispersa porque los movimientos no dan abasto para cubrir todos esos frentes”.
Tiempo Argentino, 17 de Diciembre de 2020
por Alberto López Girondo | Dic 16, 2020 | Sin categoría
Va a ser difícil olvidar el año 2020 por la cadena de calamidades que se acumularon desde que el 1º de enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un equipo de expertos para investigar un brote de casos de neumonía en Wuhan, China. En Argentina, en particular, porque fue el primer año en la Casa Rosada de una coalición política con eje en el peronismo que había asumido 20 días antes para poner fin a la fallida experiencia del macrismo. Y si los críticos de la gestión kirchnerista 2003-2015 atribuyen el crecimiento logrado en ese lapso al «viento de cola» del precio de las commodities que el país exporta, este período se inició con una fuerte tormenta en contra.
En su mensaje ante el Congreso en la apertura del año legislativo, Alberto Fernández se comprometió a cumplir con las promesas electorales, y luego de enumerar las cifras del cataclismo económico que recibía y de confirmar las primeras medidas, habló del inicio de negociaciones para resolver el problema de la abultada deuda externa con acreedores privados y con el FMI. Luego anunció el envío de proyectos de reforma del sistema judicial y la intervención del servicio de inteligencia.
No había una sola palabra referida al COVID-19 ni al Aporte Solidario y Extraordinario a las más grandes fortunas del país. Nada de eso figuraba en los propósitos de nadie ese 1º de marzo. En este punto vale la frase «pasaron cosas», ya que apenas diez días después de ese discurso inaugural, la OMS catalogó a aquella neumonía como una pandemia de rápida y peligrosa expansión, de consecuencias muy graves y aún impredecibles.
El Gobierno adhirió a las recomendaciones de la OMS el 18 de marzo y la economía del país, que venía en picada luego de cuatro años de políticas neoliberales, tuvo un parate aún mayor por el aislamiento masivo decretado para preparar al devastado sistema de salud y enfrentar de mejor manera la pandemia.
Muchos de los proyectos sometidos a la voluntad de la ciudadanía durante 2019 quedaron en suspenso y los primeros meses de aislamiento el país pareció detenido en el tiempo, mientras los medios daban cuenta exhaustivamente del avance de la enfermedad en todo el planeta. La oposición, que al principio acompañó el esquema sanitario del Gobierno, empezó a plantear los primeros alegatos de rechazo a las políticas oficiales.
Pronto las cifras del coronavirus se sumaron a las consecuencias del cierre de la economía y apareció un flanco en el cual la oposición más encarnizada encontró abono para horadar el alto grado de aceptación que tenía el primer mandatario. Fueron momentos de cierta inacción oficial que hicieron pensar a propios y ajenos que el Gobierno estaba noqueado. El fracaso del plan de expropiación de Vicentin fue una señal de alerta.
De todas maneras, en ese momento se logró un acuerdo con los tenedores privados de bonos de la deuda pero arreció el ataque contra la moneda nacional que, en medio de cortocircuitos entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, motivó la pérdida de reservas y de confianza en las autoridades.
A medida que se iban relajando las restricciones sanitarias –en gran medida tras la presión de medios y dirigentes de la oposición y del empresariado– fue apareciendo un país real que, si el 10 de diciembre de 2019 estaba en terapia intensiva, ahora se encontraba con pronóstico reservado.
Calles en disputa
Las primeras movilizaciones opositoras conmovieron el andamiaje oficialista. No solo por la violencia y la dosis de intolerancia democrática que expresaban, sino porque ponían de manifiesto algunas dudas para avanzar con el programa político de la administración nacional. A esto se agregó la rebelión policial bonaerense, que se convirtió en una preocupante amenaza frente a la residencia presidencial de Olivos.
Es verdad que no era recomendable salir a las calles para el votante del Frente de Todos, ya que el cuidado de la salud se había convertido casi en una insignia. Pero también hubo demoras en poner en marcha respuestas contundentes que alentaran la esperanza de cambios en la tribuna propia. El método obstruccionista de la oposición daba resultados y recibía apoyo mediático clave. No solo por lo que los medios hegemónicos muestran, sino básicamente por lo que ocultan.
Para gran parte de la población, el sistema de espionaje del Gobierno macrista nunca existió. El valor del dólar en cada una de sus variantes era la noticia del día. El éxito de algunos casos puntuales de argentinos que se fueron al exterior resultaba en una invitación cotidiana a descreer del país. Con ese trasfondo se registró el avance de una marginal concepción libertaria del mundo, que propone la reducción al mínimo del Estado y por lo tanto de los impuestos a pagar.
Recién para el 17 de octubre los simpatizantes peronistas salieron masivamente a las calles con el propósito de marcar la cancha. El aniversario de la muerte de Néstor Kirchner fue otra expresión popular masiva de respaldo a la coalición gobernante. En forma casi simultánea, hubo una carta admonitoria de la vicepresidenta y comenzaron a avanzar los proyectos demorados desde marzo.
El fin de año encuentra al Frente de Todos a la ofensiva en el Congreso. Desde la iniciativa para reducir el aporte federal a la Ciudad de Buenos Aires hasta el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pasando por la ley de sostenibilidad de la deuda pública y la reforma de la fórmula de movilidad de jubilaciones, la agenda oficial ganó espacio. En ese contexto, la aprobación en ambas Cámaras del Aporte Solidario Extraordinario aplicado a las grandes fortunas constituye un hito ineludible.
Desde la vereda opositora, en tanto, cualquier resquicio es útil para plantear sus diferencias. Así, si en los comienzos de la pandemia el oficialismo se equivocaba con el aislamiento estricto, luego erró porque el número de muertos y contagiados colocaba al país entre los diez más afectados. Otro frente de ataque se cierne sobre las vacunas a aplicar para evitar un segundo brote de coronavirus. Desde la Casa Rosada se abrieron negociaciones por casi todas, pero las críticas sobre la Sputnik V encabezan los titulares de muchos medios. Sin embargo, el anuncio del presidente acerca de la llegada de las primeras dosis de la Sputnik V en diciembre, para aplicar a 300.000 personas, y diez millones más que serían vacunadas entre enero y febrero, puede significar un cambio de clima.
A fin de este dramático año, con todo, las últimas encuestas le dan positivo al presidente. Luego de arañar el 80% de aprobación al inicio del aislamiento sanitario, hubo un período de caída continua de la imagen, a la par del crecimiento del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En diciembre, varios analistas registraron una aprobación de entre el 50% y el 55% para Alberto Fernández. Su más cercano contendiente es Rodríguez Larreta, en una pelea que, si bien apunta a 2023, tendrá un anticipo trascendente en las legislativas del año próximo.
Revista Acción, segunda quincena de Diciembre de 2020
por Alberto López Girondo | Dic 15, 2020 | Sin categoría
Joe Biden sigue en campaña. Superado el engorroso trámite de este lunes en que el Colegio Electoral ratificó el resultado de las elecciones del 3 de noviembre, ahora tiene un escollo no menor. Si es que quiere cambiar algo en Estados Unidos, necesita obtener las dos bancas en disputa para el Senado nacional por Georgia, un motivo suficiente para esquivar la pandemia y visitar ese estado sureño.
La particularidad de ese comicio es que Georgia tiene un sistema de balotaje para senadores, y como nadie obtuvo más del 50% de los votos en la primera ronda, el 5 de enero los ciudadanos deberán dirimir entre los demócratas Jon Ossoff y Raphael Warnock o los republicanos David Perdue y Kelly Loeffler, quienes ostentan actualmente el cargo, de manera que aparecen como favoritos.
La elección es clave porque la cámara alta tiene 100 escaños (dos por estado) y hasta ahora el partido del elefante tiene 50 senadores. Con la camiseta Demócrata hay 46 senadores, pero los dos independientes (Bernie Sanders, por Vermont, y Angus King, por Maine) suelen acompañar al partido del burro.
Un 50 y 50, además de ponerle un poco de sal a la disputa desde el 20 de enero, permitiría el desempate de la vicepresidente Kamala Harris. Un resultado adverso adelanta un bloqueo a las decisiones de Biden que puede sellar el inicio de su mandato, que se presenta como de grandes cambios sobre la agenda que desplegó Donald Trump desde el 20 de enero de 2017. Es que en la Cámara de Representantes (diputados) el tablero terminó 222 a 211 a favor de los demócratas, lo que permite una relativa comodidad a la hora de impulsar las iniciativas del futuro oficialismo.
De allí la importancia de la elección del resultado en Georgia, un estado tradicionalmente inclinado hacia los demócratas pero que en esta ocasión parece haber percibido levemente que se vienen tiempos de cambios. De hecho en noviembre Biden ganó por el canto de una uña: 11.779 votos de diferencia sobre Trump, una increíble diferencia de 0,2% (49,5 a 49,3%).
Es uno de los distritos que el actual presidente pretendió judicializar y como no pudo, enfureció cuando el gobernador Brian Kempt avaló el resultado de las urnas, contra la voluntad de la Casa Blanca, que aspiraba a obtener los 16 votos electorales correspondientes.
La actitud beligerante de Trump se manifestó a través de un tuit en el que involucró al gobernador y a su secretario de Estado como agentes de China. Subió a su cuenta una imagen de ambos dirigentes con un barbijo con la bandera de la República Popular torpemente dibujada. La red del pajarito anuló la imagen con un mensaje en que asegura que no hubo evidencia de fraude el 3 N.
Pero los senadores se colgaron del discurso de Trump y Kelly Loeffler pidió el voto de los ciudadanos de ese estado para “mantener la línea aquí, el futuro de todo el país depende de estas elecciones y debemos mantener la mayoría en el senado, Georgia debe ser el cortafuegos del socialismo”.
Trump también quedó claramente enemistado con el fiscal general, William Barr, quien la semana pasada indicó que no había ninguna evidencia seria de fraude en las elecciones. Lo que dejó al presidente sin el único argumento que le hubiera permitido alargar la incógnita sobre la designación de Biden. Este lunes, luego de que el demócrata fuera ungido por el Colegio Electoral, Barr -que había dado grandes demostraciones de lealtad a Trump en controvertidas interpretaciones de las leyes- terminó por renunciar ante el vendaval de críticas del Salón Oval.
Lo acompañó a la puerta del cementerio, pero le resultaba difícil seguir con esa estrategia que en ningún estado se pudo mantener. Lo apoyó con relación a las condenas a muerta aceleradas en las últimas semanas, y estuvo dispuesto a utilizar las fuerzas federales para contener las protestas contra la violencia policial, o en declarar a Nicolás Maduro jefe de una banda de narcotraficantes, entre otras cuestiones. Pero todo tiene un límite.
Hasta el jefe de la bancada republicana del Senado, el ultraconservador Mitch McCoinnell, se despegó de un líder que se hunde irremediablemente por negarse a admitir la derrota. “Nuestro país tiene oficialmente un presidente electo y una vicepresidenta electa. Muchos millones de nosotros esperábamos que la elección presidencial arrojara un resultado diferente. Pero nuestro sistema de Gobierno tiene procesos para determinar quién tomará posesión el 20 de enero. El Colegio Electoral ha hablado. Así que hoy quiero felicitar al presidente electo Joe Biden», afirmó en veterano dirigente político.
Tiempo Argentino, 15 de Diciembre de 2020
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