por Alberto López Girondo | Mar 17, 2017 | Sin categoría
–El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dijo que la CIA «perdió el control de todo su arsenal de armas cibernéticas» y que cualquiera puede comprar ese material en el mercado negro, ¿qué hay de eso?
–Lo que se publicó es un sistema interno por el cual la CIA compartía información para hacer ataques cibernéticos a objetivos de vigilancia. Se filtró todo el sistema más las herramientas para poder hacer los ataques y lo que dice Assange es que esa filtración no la hizo alguien de la CIA sino que eran documentos que circulaban entre contratistas o terceros y que probablemente uno de ellos o de la CIA misma lo estaba distribuyendo. En realidad, las revelaciones no son tan novedosas.
–Lo nuevo es que ahora aparecen documentos.
–Y que es la CIA. Que a la agencia de inteligencia más poderosa del mundo le sacan información y la hacen pública. Porque desde el año 2011 WikiLeaks había publicado información de empresas que venden a gobiernos software de vigilancia, como Hacking Team, una empresa italiana que vende software para espionaje. Lo mismo que hace la CIA ya lo hacían y vendían a gobiernos. Pero si bien ahora sabemos que la CIA puede espiar cualquier dispositivo electrónico que nosotros estemos utilizando, no es el único adversario del que me tengo que estar cuidando.
–¿Cómo es eso?
–Me puede espiar mi gobierno local, hay software que se vende para vigilar a la esposa, para saber dónde y con quién está. Y eso se puede conseguir en Internet de una manera no tan difícil. Todos los dispositivos electrónicos que tenemos pueden ser utilizados en nuestra contra. Por ejemplo, los famosos televisores Smart TV. No es nada nuevo y ahora se publicó que la CIA puede tomar un televisor Samsung inteligente y aunque esté apagado escuchar la conversación que sucede enfrente de la pantalla. ¿Para qué el televisor tiene un micrófono? Para cosas como reconocimiento de voz, decirle “televisión préndete, cambia de canal”. Algo que no es tan necesario versus el riesgo que implica tener un micrófono conectado a Internet todo el tiempo dentro de mi casa. La CIA puede entrar en esos sistemas porque esos sistemas tienen fallas de seguridad.
–¿Son fallas de seguridad o están diseñados así deliberadamente para entrar en la casa de cada ciudadano con la complicidad del fabricante?
–Es muy probable que estas empresas colaboren no tanto con la CIA como con la NSA. De forma voluntaria o no, por temas legales como el Patriot Act de 2001, tienen la obligación de colaborar con el gobierno.
–Pero Samsung es coreana.
–Pero está Microsoft, Apple, donde están 90 y tanto por ciento de teléfonos que se utilizan en el mundo. Ellos tienen obligación legal de ayudar al gobierno de EE UU a espiar a ciudadanos que no son de EE UU. En los documentos de Snowden se ve que Microsoft (MS) ayudó a la NSA a mejorar sus sistemas de vigilancia sobre Skype. Y cuando MS hizo un poco más seguro su sistema Outlook, eso preocupó al NSA y el FBI, que también entra en la ecuación, y ayudó a MS para hacer más fácil la intercepción de datos vulnerando la seguridad que había desarrollado. Si un sistema informático no es auditable y no se puede ver cómo está hecho, no se puede confiar. Lo único que nos queda es cosas como el software libre, porque es auditable.
–Para una persona común no es tan fácil utilizar el software libre. Además, ¿cómo puede confiar en que no lo están vigilando?
–Si yo necesito comunicarme de forma realmente segura, un celular por caso, no es una herramienta para eso. No hay que ser la CIA para meterme en un celular de alguien, sobre todo si no es nuevo y no está actualizado. Si soy un periodista que está trabajando con fuentes que corren riesgo, entonces tengo que aprender un poco más. Existe software libre como el sistema Tails, que hace que la computadora no funcione desde el sistema operativo sino desde una memoria USB externa, de modo que nada se queda almacenado en el equipo y luego, lo que yo hice en esa sesión desaparece o lo guardo de forma cifrada en la memoria flash. Y todo sucede a través de la red Tor.
–¿La Internet segura?
–Es una Internet que me permite tener anonimato. Si alguien quiere enviar documentos de forma segura a WikiLeaks, ese es el sistema que usan ellos y cada vez más medios de comunicación. Con Tor no revelo mi identidad, ni siquiera WikiLeaks sabe quién es el que manda la información. Herramientas como estas son las que han permitido a Snowden enviar la información sobre el espionaje de la NSA a los periodistas de The Guardian. Snowden tuvo que proveerle una memora USB con Tails instalado a Glenn Greenwald, esta fue la herramienta que utilizó para comunicarse. Tails es un sistema creado para ser seguro.
–La pregunta es quién diseña eso.
–Hay un conjunto de personas alrededor del mundo. El proyecto Tor es una ONG que está en EE UU y parte importante del financiamiento era del gobierno porque inicialmente se lo pensó para proveer seguridad a disidentes en países como Irán o China. Pero en los documentos de Snowden se ve que para la NSA era difícil meterse en Tor. En la NSA había una matriz de riesgo donde decía que si alguien usa Facebook es trivial espiarlo, pero si alguien usa algo como Tails “estamos en problemas”. Lo importante en este tipo de herramientas es que sean auditables, que uno pueda saber qué hace el programa. Lamentablemente, y aunque nos cueste mucho, tenemos que estar dispuestos a adaptarnos al cambio porque por ahora Tor puede ser seguro pero podría llegar a ser corrompido y no ser confiable en un futuro.
–Puede haber un periodista que necesite proteger sus fuentes, pero un ciudadano común puede ser disidente del gobierno y eso implica que continuamente tiene que pensar que lo están vigilando. Pongamos el caso de alguien que en Argentina formó parte o adhirió al gobierno anterior. Lo digo teniendo en cuenta que el actual presidente asumió procesado en una causa por escuchas ilegales.
–Una buena práctica es borrar los correos electrónicos de Gmail. Si bien aun así Google y la NSA probablemente no pierden el acceso, si alguien en el futuro me hackea la cuenta ya no podrán tener acceso a todos mis correos. Tengamos en cuenta que la NSA también colabora con gobiernos afines a EE UU y puede aportar información sobre alguien que tienen registrado. Una cosa que se ve de esta última revelación de WikiLeaks es que una vez que una agencia encuentra fallas en los sistemas que usan sus ciudadanos, en lugar de corregirlas las guardan para atacar a ciudadanos de otros países. Lo que le pasó a la CIA es por no solucionar los problemas de seguridad, permitir que esos problemas se mantengan por un tiempo para poder aprovecharlos en su beneficio y eso, tarde o temprano, termina rebotando.
–¿Que le dirías a un ciudadano común para cuidarse, además de no usar celulares o no hablar temas delicados ante el televisor?
–Ni siquiera tener el teléfono en el bolsillo sacándole las pilas. Hay teléfonos a los que no se les puede sacar la batería incluso, pero pongamos por caso que dos personas van a un restaurante y le quitan la batería a sus celulares al mismo tiempo. Si estamos siendo vigilados van a saber que estamos reunidos, si yo dejo el teléfono en un sitio seguro no hay modo. También se debe usar Tor. Es algo más lento y en algunas páginas nos van a pedir llenar un capcha porque se pregunta si eres un robot, pero es más seguro.
–Se dice que WhatsApp desde las últimas actualizaciones que hizo es más seguro.
–Hoy por hoy es más seguro que Telegram porque en WhatsApp ahora el chat es cifrado, pero al mismo tiempo ese servicio pertenece a Facebook, que es una de las empresas que colabora con el gobierno de EE UU. Además, es un gran concentrador de metadatos y entonces las agencias saben quién se comunica con quien, y eso permite que intervengan el teléfono de uno de ellos para ver en qué andan. «
Tiempo Argentino
Marzo 12 de 2017
por Alberto López Girondo | Mar 17, 2017 | Sin categoría
El gobierno de Barack Obama y el aparato militar industrial pusieron todos los cañones en tratar de que Donald Trump no sea nominado mañana presidente por el Colegio Electoral. Puede parecer una elucubración de mentes afiebradas, proclives a las teorías conspirativas. Pero las últimas denuncias sobre el hackeo de mails comprometedores de Hillary Clinton y el argumento de que detrás de esa operación estarían espías cibernéticos y el propio Vladimir Putin para que ganara el polémico empresario, despertó las más encendidas refutaciones de sectores, tanto de la derecha como de la izquierda.
La ecuación, según advierte el canadiense Michel Chossudovsky –un académico creador del Centro de Investigación sobre la Globalización (CRG) y del sitio globalresearch.ca– es fácil de entender si se analiza a quiénes responden Trump y Clinton. «Hillary es la candidata del complejo industrial militar de EE UU, su agenda de política exterior no responde directamente a los intereses de un gran segmento de la América corporativa, incluyendo un sector importante de la industria petrolera», detalla.
La designación de Rex Tillerson como secretario de Estado, en cambio, es una muestra del grupo al que representa Trump. Porque Tillerson es CEO de ExxonMobil y como representante de la industria petrolera tejió una sólida amistad con Putin al cabo de múltiples negociaciones en asociación con la rusa Rosneft para explotaciones en el Mar Negro, en Siberia y en el Ártico.
Ponerlo en el lugar que hasta 2013 ocupó Hillary es toda una señal de los nuevos tiempos que quiere imponer Trump, que fustigó en la campaña la política exterior de los demócratas y especialmente el tono belicista de la gestión de Obama. No se trata de que el futuro mandatario sea de por sí un pacifista, sino de que en el establishment estadounidense hay una pelea de fondo entre dos grupos contrapuestos que pelean por la hegemonía.
En la edición web de Tiempo pueden verse los detalles de una operación mediático-política iniciada en mayo con las primeras denuncias de un posible hackeo que hicieron voceros del gobierno de Obama. Gran parte de esa información se conoció, avanzada la campaña electoral, a través del sitio WikiLeaks, que publicó cientos de mails que comprometían a la candidata demócrata. Clinton salió ahora con encendida furia a hacerse eco de supuestas investigaciones de la CIA que confirmarían la incursión cibernética rusa.
Lo que destacan analistas de la talla de Justin Raimondo –un «paleolibertario antibélico» más cercano a los conservadores que al progresismo– es algo elemental para quien quiere entender lo que está sucediendo con esa denuncia: ninguno de los grandes medios ni funcionarios dice cuál es la fuente de esa investigación. Además, si existiera algo semejante no se entiende por qué Obama no llamó por lo menos al embajador ruso para pedirle explicaciones, algo usual en la diplomacia en casos como este. Por otro lado, la agencia que hurga en las redes cibernéticas no es la CIA sino la NSA, según reveló el Edward Snowden. Y en ese organismo nadie abrió la boca.
Finalmente, hay dos testimonios que desnudan que las ediciones de estos días de diarios como el New York Times y el Washington Post compraron información poco verificada. Uno es de Craig Murray, un bloguero británico que fue por casi dos años embajador de Londres en Uzbekistán. Murray declaró que los mails que según Clinton habría perjudicado su candidatura no fueron hackeados sino que fueron divulgados mediante una filtración de los servicios de inteligencia, de alguien como Snowden que quería que el público conociera lo que ocurre puertas adentro del poder en EE UU. Y dijo más, que conocía al whistlerblower (soplón) pero no iba a divulgar su nombre.
La otra fuente es el fundador de WikiLeaks, hoy día asilado en la embajada ecuatoriana en Londres. Julian Assange declaró que los famosos cables no provenían de espías rusos sino de alguien de la CIA al que iban a proteger por seguridad.
Ante los primeros ataques, Trump tildó a las denuncias de ridículas y luego fue al grano. «Ellos (la CIA) son los mismos que dijeron que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva.» La alianza entre la diplomacia estadounidense, los organismos de inteligencia y el régimen saudita puede ser la primera víctima de este acercamiento a Rusia. Y la industria bélica puede perder mucho dinero.
«Bajo el liderazgo de Clinton –revela Chossudovsky– el Departamento de Estado aprobó $ 165 mil millones en ventas de armas comerciales a 20 naciones cuyos gobiernos han dado dinero a la Fundación Clinton(…) 151 mil millones de dólares de acuerdos separados por el Pentágono para 16 de los países que donaron a la Fundación Clinton, lo que resultó en un aumento del 143% en las ventas realizadas a esas naciones durante el mismo período durante la administración Bush.»
Mucho dinero como para rendirse sin al menos hacer bulla.
Hackeo a hackeo, elector a elector
El sistema electoral de EE UU es el mismo que crearon los «padres fundadores». Y al presidente lo elige un colegio electoral que surge de los comicios. Muy pocas veces ocurrió que el candidato con más votos electorales no haya sido el más votado en las urnas. Pero nunca se había dado que la diferencia fuera tan abismal. Hillary Clinton obtuvo el 8N más de 2,6 millones de votos que Trump, aunque tiene 232 electores contra 302 del republicano.
Si los «malditos mails» perjudicaron a Clinton no se notó en las urnas, más bien se refleja en que los republicanos armaron una ingeniería electoral que les permitió tener más votos en distritos clave que les permitían sumar más electores. Detalle: salvo en dos estados, en el resto el que gana la elección, así sea por un voto, se lleva todos los electores.
Así se entiende mejor el objetivo de una operación como la que se armó en torno al supuesto hackeo ruso. Putin es el ogro de la película para los medios y el aparato político occidental desde hace algunos años. Si además se lo puede vincular al polémico Trump, se podría lograr que algunos de los electores den vuelta su mandato partidario en aras de la Patria y nombren a HIllary.
Así, diversos colectivos y organizaciones a través de redes sociales impulsan una campaña para que los electores republicanos no voten por un candidato que, dicen, no es apto para defender al país. Se prevén manifestaciones este lunes bajo el lema de que Clinton tuvo mayor cantidad de apoyos populares, lo cual se cierto. Un grupo anti-Trump denominado «Electors Trust», ofrece asesoría legal gratuita a los electores presidenciales republicanos que quieran pegar el salto para advertirlos sobre las consecuencias, que según el distrito no pasa de una multa de 1000 dólares.
El objetivo de máxima no es que todos se den vuelta. Para ser ungido presidente se necesitan 270 votos electorales. Con 37 que salten el cerco, a Hillary le alcanza para llegar a la Casa Blanca. Hacia ellos apuntan.
Tiempo Argentino
Diciembre
por Alberto López Girondo | Mar 9, 2017 | Sin categoría
El presidente Juan Manuel Santos lo calificó como un momento histórico y es de esperar que no se equivoque. Este miércoles comenzó el período de “dejación de armas” de las FARC y esto, sumado al inicio de conversaciones de paz con la otra fuerza guerrillera de Colombia, el ELN, puede significar –como dice el himno nacional de ese país caribeño– que finalmente cese “la horrible noche” que en más de medio siglo acabó con la vida de más de 220 mil colombianos y dejó 45 mil desaparecidos y casi siete millones de desplazados. Pero no todos apuestan por la paz en la tierra de Gabriel García Márquez.
A partir de ahora y hasta el 31 de mayo, unos 7000 guerrilleros deberán cumplir con una serie de ritos bajo la observación de las Naciones Unidas para ingresar a la vida política de ese país sin ese instrumento que en algunos casos los acompañaron desde que nacieron. Así lo contó uno de ellos, Emiro Suárez, a la agencia AFP: «De tantos años cargar arma, dejarla le deja a uno como inseguro».
Razones no le faltan al guerrillero. En este proceso de pacificación, durante el año 2016 fueron asesinados más de cien militantes sociales que de alguna manera pertenecen al espacio político afín a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Según Amnistía Internacional, en ese año casi tres de cada diez defensores de los Derechos Humanos asesinados en el mundo eran colombianos. El recuerdo de la desmovilización para incorporarse a la Unión Patriótica (UP) en los ’80, con el saldo de 3500 militantes asesinados, es una espada pendiente sobre la cabeza de cada uno de los combatientes y hay algo más de dos centenares de “farianos” que son remisos a desarmarse y salir a la luz.
La difícil construcción de confianza lograda en las conversaciones de paz que se desarrollaron en La Habana tuvo un traspié político que también pesa a la hora de pronosticar el éxito de este pacto. El referéndum para la aprobación del documento final, que se realizó el 2 de octubre del año pasado, arrojó un 50,22% por el NO y un 49,77% por el SÍ, aunque con apenas un 37, 28% de participación. Fueron menos de 50 mil votos que implicaron una dura derrota para los promotores de una paz duradera y que le dieron alas al expresidente Álvaro Uribe, decidido opositor al diálogo, que ahora pretende volver a postularse en 2018 con el programa de reformular el acuerdo finalmente aprobado por el Congreso.
El documento final dio origen a una línea de acción que desde el D –el 1 de diciembre pasado– fijó dos fechas clave: D+90 –el miércoles que pasó– y el plazo final para el desarme, 31 de de mayo o día D+180. En este lapso, los guerrilleros se deben reportar en campamentos ubicados en las 26 Zonas y Puntos Veredales Transitorios de Normalización reconocidos para la “dejación”, término acuñado para un procedimiento que para la guerrilla no debía insinuar una renuncia a la lucha sino la voluntad de resolver mediante la política los viejos reclamos de participación, igualdad y democracia plena que buscaron desde 1964 por la vía armada.
Para la más rancia derecha colombiana, acaudillada por Uribe, debió ser una “entrega” en las condiciones fijadas por un Estado represivo que busca la condena de los guerrilleros a los que acusa de todos los crímenes cometidos en este más de medio siglo de beligerancia.
Una misión de la ONU verifica ahora la dejación del armamento junto con miembros de la insurgencia y deposita el material en cajones de acero reforzado con capacidad para entre 70 y 100 armas, sellados con candados de seguridad y alarmas. Cada elemento es identificado, registrado y se le incorpora un código de barras que da cuenta de su origen y del titular «nombre de guerra» del que efectivo lo tenía.
Que este puede ser el inicio de otra era para Colombia lo reflejan las encuestas. Un último estudio de la estadounidense Gallup indica que la guerra ya no figura entre los principales problemas que acosan a los colombianos, sino la corrupción o la economía. Así, la imagen favorable de la dirigencia política cayó desde diciembre de un modo significativo. En este marco, Santos tiene hoy día un 71% de rechazos y solo un 24% de aprobación, mientras que Uribe es repudiado por el 46% de los encuestados pero recibe loas del 49 por ciento. Lo curioso es que las FARC tienen un 19% de imagen positiva, más que el Congreso, que tiene el 14%, y es el único colectivo que no bajó su nivel de aprobación ciudadana. Impensable que un grupo guerrillero pudiera tener semejante apoyo ciudadano, lo que eleva la alarma entre sus enemigos históricos.
Envalentonado con el ajustado pero impactante triunfo en la consulta de octubre y alertado los últimos sondeos, Uribe propuso a sus fieles “acudir a la calle y a los procesos electorales para modificar acuerdos, enfrentar el riesgo Castro-Chavista, bajar impuestos, gasto público, introducir austeridad, apoyar sin timideces el emprendimiento privado y acompañarlo de un gran avance educativo relevante a la iniciativa juvenil de crear riqueza, ciencia, cultura y deporte”. No olvidó, claro, mencionar que para él «la derrota del narcotráfico tiene que pasar por revisión de la impunidad a los cabecillas de FARC» y que las negociaciones del gobierno con la guerrilla “han contribuido a sustituir la Constitución por el acuerdo con el terrorismo”.
Entre las razones de Uribe y los sectores sociales que lo acompañan hay un alto componente ideológico, pero también intereses muy claros. Así lo señala Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático Alternativo e hijo de Manuel Cepeda, asesinado en 1994 en aquella masacre de integrantes de la UP. “La guerra ha sido un mecanismo de acumulación de riqueza y poder político (…) Hay sectores de la clase dirigente que no quieren la paz porque están ligados a la industria militar y otros que tienen vínculos con la economía vinculada al narcotráfico, es un terreno propicio para desarrollarse mediante la expropiación y la usurpación de tierras de campesinos”, dijo en una entrevista reproducida por Barricada TV. «
Ahorro en glifosato
Otro de los puntos acordados en La Habana y refrendados a principios de año hace referencia a la sustitución de cultivos ilegales en las zonas donde las FARC sentaban sus reales. La Alta Consejería para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, junto con la guerrilla de las FARC pactaron el reemplazo de las plantaciones de coca en unas 38 mil hectáreas pertenecientes a 55 mil familias de los departamentos de Putumayo, Meta, Vichada, Caquetá, Norte de Santander y Nariño. El mismo miércoles se extendió este expediente al Guaviare, donde se suman otras 7500 familias que hasta ahora viven del cultivo y cosecha de ese arbusto. El proyecto contempla erradicar y reemplazar paulatinamente alrededor de 100 mil hectáreas por producciones legales.
Para el gobierno, en términos económicos, es negocio resolver una cuestión que pone al país en la lista negra para las autoridades antinarcóticos estadounidenses, aunque por el momento el convenio con los agricultores consiste en un subsidio de unos 340 dólares más un pago por única vez de entre 270 y 3000 dólares para sustituir plantaciones y elaborar proyectos autosustentables. Además, los campesinos recibirán créditos blandos y asistencia técnica del Estado. Es negocio porque el costo de la aspersión de glifosato en las regiones donde hay plantíos es de unos 6800 dólares por hectárea para eliminar solo una de las cuatro cosechas que brinda la coca. Además de lo que representan los cargos por atentar contra el medio ambiente y la salud de la población permanente bombardeada por el tóxico.
Tiempo Argentino
Marzo 5 de 2017
por Alberto López Girondo | Mar 9, 2017 | Sin categoría
Si febrero fue un mes caliente para Mauricio Macri, marzo no mostró un cambio de tendencia. Más bien, el gobierno de Cambiemos aparece intentando corregir un vendaval que por primera vez desde que llegó a la Casa Rosada conmovió el andamiaje que lo sostiene. Para colmo, las calles fueron escenario de grandes manifestaciones populares contra la política del oficialismo en dos temas que calan hondo en la sociedad: los reclamos de los docentes y de los trabajadores en general.
En tal sentido, la marcha que había convocado el triunvirato de la Confederación General del Trabajo fue un buen termómetro para percibir el clima político-sindical. Anunciada como una escalada en un plan de lucha en reclamo de los puestos de trabajo perdidos y por un giro en el enfoque de la economía en general, la nutrida manifestación terminó con incidentes, fruto del repudio contra los dirigentes encaramados en la tarima ubicada en la Diagonal Sur, frente al Ministerio de la Producción. La respuesta de Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmidt al pedido de la multitud fue por lo menos contradictoria: si bien criticaron la falta de soluciones del gobierno y pidieron por políticas industrialistas, amenazaron con un paro pero esquivaron ponerle fecha concreta. Solo atinaron a mencionar un vago «a fin de mes o inicios de abril» mientras eran abucheados por los más enfervorizados, que pedían «paro nacional ya».
En cuanto al gobierno, si la noticia de un arreglo inadecuado sobre la deuda que el Correo Argentino –la empresa de la familia presidencial– mantenía con el Estado perforó la credibilidad en la transparencia prometida, la asignación de rutas aéreas de cabotaje resultó otro escándalo que repercutió en la imagen del mandatario, y también hizo mella en el interior de la «coalición del balotaje», como la llaman algunos analistas.
Así, en un calco del esquema armado a las apuradas en el Correo –volver a fojas cero con el acuerdo hecho entre bambalinas que benefició a su familia–, en el caso de Avianca, que en los papeles es una empresa colombiana que compró una aerolínea que vendió el grupo Macri, el presidente tuvo que dar la orden de suspender la licencia que ya le había otorgado a la compañía. Las denuncias por Avianca resonaron en las redes y luego en los medios masivos cuando se reveló algo que si bien no estaba oculto bajo la alfombra, no había tenido el alcance necesario en la prensa, mayoritariamente amiga de este proceso político.
Los directivos de MacAir, la empresa de Macri que operaba con taxis aéreos, son los mismos que los de la Avianca local, lo que resulta por lo menos sospechoso al punto que el fiscal Jorge Di Lello ordenó investigar e imputó tanto al presidente de la Nación como a su padre Franco y a los funcionarios y empresarios que participaron en la concesión de las rutas. Otra de las ganadoras en este rubro, Fly Bondi, también deberá esperar, ya que aparece en la mira judicial por sus vínculos con el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana. Y surgen preguntas como, ¿qué relación existe entre la renuncia de la expresidenta de Aerolíneas Argentinas (AA), Isela Costantini, y esta brumosa concesión aérea? Es que la ejecutiva se fue poco antes de abrirse la licitación de las rutas y sin explicaciones muy convincentes.
Alejamientos inesperados
Pero no es la única «acusación» que enfrentó la extitular de General Motors Argentina luego de alejarse de la gestión de la línea de bandera, en diciembre pasado. Costantini también había avalado un aumento de salarios para los empleados de AA superior al techo que pretende imponer el gobierno en las paritarias. La misma razón se deslizó respecto al alejamiento también inesperado de Carlos Melconian del Banco Nación. El economista, al que nadie consideraría cercano a cualquier aventura populista, fue aplaudido a manos rojas por sus hasta entonces subordinados el día que se despidió del cargo. Fue uno de los que firmaron la paritaria bancaria que provocó un fuerte cruce del macrismo con la dirigencia de ese gremio y con los jueces que avalaron el acuerdo que el Ministerio de Trabajo se negaba a homologar.
No es ocioso recordar que el eje de la política del gobierno para bajar la inflación es atacar por dos frentes al consumo. Por un lado, sometiendo los salarios a la baja, y por el otro generando las condiciones para un incremento en la tasa de desocupación. Este ariete golpea a las pymes por el ingreso de productos importados que las obliga a reducir salarios para competir con productos extranjeros o convertirse en importadores. Por otro lado, subsiste el argumento del exministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, de no tensar las negociaciones salariales a cambio de conservar el empleo. Así, los trabajadores se ven en la disyuntiva de aceptar pérdidas en relación con el costo de vida o sumarse al ejercito de desempleados. Pocas cosas hay que disciplinen tanto a una sociedad como la desocupación.
Ante un panorama bastante sombrío y en un año electoral clave para la continuidad del proyecto macrista, el presidente abrió las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso que no tenía mucho que ofrecer hacia adelante y poco que exhibir hacia atrás, salvo la apelación a la herencia recibida. Pero es el segundo ejercicio que inaugura Macri y el recurso de recordar el pasado como una pesada carga se va agotando, mientras las encuestas reflejan la preocupación de grandes capas de la población que fueron clave para ganar el balotaje y ya no ocultan su descontento por un cambio que no es el que votaron el 22 de noviembre de 2015.
La nota saliente de aquel discurso del 1º de marzo fueron las críticas sobre la virulencia con que Macri se refirió no solo al anterior gobierno –deslizó nuevas sospechas por la muerte del fiscal Alberto Nisman, entre otras cosas– sino también al dirigente docente Roberto Baradel, el nuevo enemigo público del oficialismo. Baradel quedó en medio de fuego cruzado tanto del gobierno nacional, el bonaerense y los medios hegemónicos, que al igual que Macri, intentaron minimizar las amenazas que el dirigente y sus hijos habían recibido.
En la Casa Rosada, mientras tanto, se debate sobre cómo escapar a la tormenta sin perder demasiado en el camino. Y si el recurso de culpar a la gestión anterior de todos los males ya no causa el mismo efecto, el de «rebobinar» cada vez que los intereses económicos personales del presidente o de sus funcionarios chocan con los de la sociedad también se agota.
Revista Acción
Marzo 7 de 2017
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