Laura Poitras jugó un papel clave en la publicación de los miles de archivos que desenmascaró el ex consultor tecnológico Edward Snowden sobre la vigilancia global encarada desde las agencias estadounidenses de inteligencia. Porque la documentalista nativa de Massachusetts fue la única que se dio cuenta de la importancia de esos correos encriptados que enviaba Sonwden a periodistas del diario británico The Guardian, y que ninguno había valorado porque ni siquiera habían reparado en la importancia de mantener comunicaciones seguras en la web.
Autora de un puñado importante de documentales, -y considerada un peligro para la sociedad por sus posiciones políticas al punto que asegura haber sido detenida unas 40 veces en su propio país- fue con Citizenfour que en 2014 obtuvo un Oscar. Eran tiempos de corrección política en Hollywood en medio del escándalo por la filtración de semejante intromisión en la vida privada de ciudadanos y dirigentes políticos de todo el mundo que la cineasta fue galardonada por exponer el trasfondo del material top secret que Snowden había decidido compartir con el resto de la humanidad.
Citizenfour era el seudónimo que utilizaba el agente para comunicarse en forma segura.
Josh Begley, a los 33 años, tiene una larga carrera como desarrollador en la red Internet. Pero con una particularidad: la exposición de eso que los medios masivos no muestran y con un ángulo hasta artístico.
Tuvo también sus problemas con el orden establecido.
Fue cuando creó una aplicación para iPhone que permite rastrear cada ataque de aviones no tripulados de Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Apple le rechazó el artilugio informático tres veces por considerarlo “crudo y censurable”. El contenido, sin embargo, era el de las operaciones militares que hace el gobierno estadounidense, no un invento del joven californiano.
Begley, entonces, creó Dronestream, una cuenta de Twitter que narra, también, cada ataque con drones desde el primero, en el año 2002. Finalmente, Apple aceptó la aplicación, Metadata+. Puede verse su inventiva y perspicacia política en su página web, https://joshbegley.com/.
Allí subió el jueves un video armado con 200.000 fotografías satelitales de Google Maps donde se puede ver la geográficamente complicada frontera entre Estados Unidos y México.
Dirigido por Begley y producido por Poitras, el documental tiene un título sugestivo, Best of luck with the wall, Buena suerte con el muro. Dedicado, obviamente, a la decisión del nuevo presidente de Estados Unidos de erigir una muralla para evitar el ingreso de mexicanos en su país.
Sus gestos pueden parecer superfluos por lo tardíos, pero las últimas decisiones de Barack Obama demuestran que se propone liderar el progresismo estadounidense ni bien deje la Casa Blanca. Ese fue su mensaje cuando el miércoles dijo en su despedida de los periodistas que cubren información presidencial que piensa volver al ruedo “si los valores medulares del país están en riesgo”. O sea, que no está en sus planes abandonar la política para meterse en alguna fundación que administre sus ingresos dando conferencias, como lo hicieron algunos de sus antecesores. Ni para calzarse las pantuflas.
Consciente de que la llegada de Donald Trump al gobierno representa un giro copernicano a lo que fueron sus ocho años de gestión, Obama dio una serie de señales que, si se leen los diarios de esta última semana, lo ubicarían como un mandatario de avanzada sobre el promedio de los últimos ocupantes del cargo, desde Ronald Reagan hacia acá.
Así, envió un correo a los congresistas republicanos –que sobre todo en esta última parte de su período presidencial usaron la mayoría en ambas Cámaras para bloquear las decisiones del oficialismo– donde denunció el rechazo a su reclamo de cerrar la prisión de Guantánamo. «No hay simplemente ninguna justificación, más allá de la política, para la insistencia del Congreso en dejar abierto ese centro de detención», sostiene Obama en su póstuma misiva a favor de una de las promesas electorales cuando ganó la primera elección, en 2008.
Pero también tomó cartas en asuntos más comprometidos, como el conflicto en Palestina. Y tras una histórica abstención en la ONU sobre los asentamientos judíos en Jerusalén Este –Washington siempre acompañaba a Israel en todos los foros internacionales–, dijo ahora que el actual “status quo es insostenible. Es peligroso para Israel, es malo para los palestinos, es malo para toda la región, y además es malo para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Y abogó por la solución de dos Estados, uno judío y uno árabe, caso contrario, “de alguna forma estaremos extendiendo la ocupación”. Dura definición para un mandatario estadounidense.
Luego dio otro paso en su intento por recomponer vínculos con Cuba, que fue su gran apuesta desde fines de 2014 en su relación con América Latina. Y puso fin a la política de “pies secos-pies mojados”, por la cual todo cubano que lograba pisar suelo estadounidense era considerado un exiliado mientras que si caía en manos de la guardia costera era devuelto a la isla. Aunque no logró –y no hizo una carta a los republicanos– modificar el bloqueo comercial y financiero al gobierno revolucionario.
Luego, también en esta su última semana en el poder, conmutó la pena a Chelsea Manning, la exsoldado que como Bradley Manning había filtrado miles de documentos a WikiLeaks y había sido condenadoa 35 años de prisión. «Vi los detalles de este caso de la misma manera que otras conmutaciones y perdones y sentí a la luz de todas las circunstancias que conmutar su sentencia era completamente apropiado», se justificó.
Finalmente, y en una acción menos difundida pero altamente significativa, conmutó la pena al independentista puertorriqueño Óscar López Rivera, detenido en 1981 como integrante de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y condenado a 55 años de cárcel, a los que en 1988 se le agregaron otros 15 años adicionales. López Rivera quedará en libertad en mayo, si es que Trump no veta esta decisión.
Pero ante el reclamo de organizaciones de derechos civiles, se negó a indultar a otro preso político, Leonard Peltier, activista del Movimiento Indígena Estadounidense encarcelado desde 1976 y condenado –en un juicio de dudosa imparcialidad– a dos cadenas perpetuas consecutivas por el crimen de dos agentes del FBI durante un tiroteo en la reserva Pine Ridge, en los territorios sagrados Sioux de Dakota del Sur, donde meses antes se hallaron uranio y carbón.
Otra mella para su aspiración es que en su mandato –con Hillary Clinton en la secretaría de Estado– tres gobiernos progresistas de la región fueron destituidos mediante golpes parlamentarios: Honduras, Paraguay y Brasil. Y en todos los casos los destituyentes recibieron apoyo y reconocimiento de Washington. Además, el 13 de enero renovó por otro año el decreto que declara a Venezuela «una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE UU». «
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de Bariloche hizo lugar al amparo presentado por vecinos de la localidad rionegrina de El Bolsón y frenó las ordenanzas municipales que autorizaban el loteo de tierras en la zona de Mallín Ahogado.
De esta forma, la Justicia, con el voto unánime de los magistrados Emilio Riat Carlos Rinaldis y Gregor Joos, anuló las disposiciones 165/2016 y 194/2016, y la resolución municipal 295/2016 y dispuso “no invovar” ante el recurso formulado por los integrantes de la Asamblea del Agua y de la Tierra y respaldado por la firma de 5 mil habitantes de la Comarca del Paralelo 42.
Mallin Ahogado es una zona de manantiales en una área cordillerana cercana a El Bolsón, donde el magnate británico Joe Lewis pretende desarrollar una iniciativa inmobiliaria denominada Proyecto Las Laderas.
«El resultado del fallo ya es oficial, nuestro abogado Jorge Olguín fue notificado a últimas horas de ayer y nos comunicó esta noticia que nos llena de una alegría inmensa» señalo a la agencia Telam Marcelo Fernández, asambleísta y poblador de Mallín Ahogado.
El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, no había recibido todavía “ninguna notificación” de parte de la Justicia, pero adelantó que desde el Municipio “se acatará la decisión” que tomen los tribunales, al tiempo que reclamó que los asambleístas levanten el acampe que mantienen en el centro de la localidad.
Sequía
«Cada vez viene menos agua, y si no nieva es todavía peor porque la lluvia lava la tierra, en cambio la nieve se queda varios días y la deja húmeda.» El que explica es Gerardo Roberto Catalán, un pequeño productor de Mallín Ahogado. Tiene unas seis hectáreas que en vida le heredó su padre como parte de una propiedad mayor que repartió entre sus hermanos. Cultiva fruta fina, tiene un puñado de ovejas, algunos cerdos y se las rebusca alquilando caballos o «con lo que haiga» si la cosa empeora. Antes, dice, podían plantar trigo o cebada, pero ya no es posible. El agua es cada vez más escasa y calcula que a este paso sus dificultades serán mayores.
En marzo de 2016, el millonario Joseph Lewis alojó en su mansión de Lago Escondido al presidente Macri. Un fuerte aval para el hombre que busca desde hace más de una década armar un megaemprendimiento turístico en ese paradisíaco escenario, a unos 20 kilómetros de El Bolsón.
Los vecinos de Mallín Ahogado vienen elevando la voz en contra del proyecto de la compañía Laderas del Perito Moreno. Saben que el impacto sobre ese lugar donde vivieron sus ancestros o que eligieron para vivir, puede ser letal, pues de hecho ya hoy tienen problemas con el riego, al que acceden mediante una cuota que reparten entre los productores y que acumulan en reservorios. Estamos frente a una sequía como no se ve desde hace 44 años», destaca Silvia Rojas, también productora. «
La liberación de Ricardo Antihual, Ariel Garci y Nicolás Hernández Huana, los últimos tres detenidos tras la brutal represión a la comunidad mapuche de Cushamen, marcó el corolario de una semana de máxima tensión en la Comarca Andina de Chubut y Río Negro. Para muchos lugareños con no menguada perspicacia política, el ataque de Gendarmería en la Pu Lof de Vuelta del Río no fue más que el intento de esconder un elefante en una manada. De este modo vinculan el impacto que produjo la multitudinaria manifestación de no menos de 10 mil personas del sábado pasado en El Bolsón contra el proyecto turístico de una empresa ligada al magnate británico Joe Lewis –amigo del presidente Mauricio Macri– con la feroz incursión de los uniformados en tierras recuperadas a la familia Benetton en marzo de 2015. A esta sospecha se añade la oportunidad en que se produce esta manifestación de violencia estatal, en el marco de una creciente espiral represiva reclamada desde los medios concentrados y el gobierno central contra la protesta social y cuando en Buenos Aires se desarrollaban atropellos similares contra los manteros de Once.
El capítulo violento en Chubut comenzó en las primeras horas del martes cuando dos centenares de efectivos de Gendarmería tomaron por asalto un sector de la Pu Lof de Cushamen, unos 40 kilómetros al norte de Cholila –donde alguna vez vivió el pistolero Butch Cassidy–, amparados en una orden del juez federal de Esquel Guido Otranto para liberar la traza del ferrocarril conocido como La Trochita. «Sufrimos una represión nefasta», relató a este diario una de las referentes de las comunidades mapuches de la zona, Ivana Huenelaf. Los gendarmes arrasaron viviendas y golpearon bárbaramente a mujeres y niños, mientras algunos jóvenes huían atravesando el río. «Nos atacaron con balas de goma pero también con plomo, nos persiguieron con drones, helicópteros y con aviones hidrantes», agregó Huenelaf.
Los gendarmes cortaron todos los accesos al territorio por la ruta 40 y El Maitén y obligaron a un desvío del tránsito a través de Cholila y el camino de ripio que atraviesa el Parque Los Alerces. Pobladores y activistas cortaron, a su vez, la ruta a la altura de Epuyén, donde se agolparon en pocos minutos cientos de autos de turistas y camiones repletos de carga. Tras una tensa negociación con la policía local, que quedó muy expuesta por el airado reclamo de los representantes comunitarios ante un enjambre de periodistas locales y de Tiempo, único medio porteño en el lugar, los caminos quedaron despejados.
Un día más tarde, los policías chubutenses se tomaron revancha con un nuevo ataque, a cargo de la infantería y un escuadrón del GEOP: desde una camioneta y una combi balearon a mansalva hacia la Pu Lof, con un saldo de dos heridos graves, uno de ellos con fractura de cráneo. El saldo de esos dos días de violencia estatal fue de diez detenidos y varios lesionados por balas de goma. Organismos de Derechos Humanos, dirigentes sociales y políticos y representes de la Iglesia reclamaron a los gobiernos nacional y provincial que pongan fin a semejante accionar.
La disputa sobre ese tramo de vías comenzó el año pasado y formaba parte de las negociaciones de la comunidad mapuche en pos de plasmar en hechos más firmes la recuperación de sus tierras ancestrales en la región. El tren, sin embargo, lleva años sin pasar por allí. El gobierno chubutense y la empresa explotadora del ferrocarril turístico rompieron la mesa de diálogo a fines de 2016. Para diciembre, más de un centenar de gendarmes habían sido trasladados a la zona de El Maitén por orden de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, hecho que las comunidades habían denunciado como una amenaza.
El juez Otranto no está considerado un enemigo del pueblo mapuche. De hecho, había rechazado el pedido de extradición del activista mapuche Facundo Jones Huala a Chile en septiembre de 2016, lo que le acarreó elogios de los organismos de Derechos Humanos y el repudio del gobernador Mario Das Neves, que incluso lo denunció ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño de sus funciones. Jones Huala está acusado en Chile por las leyes antiterroristas que rigen allí para perseguir a las poblaciones originarias que reclaman sus derechos territoriales. Nació dentro de las fronteras argentinas, lo que para su pueblo es sólo una clasificación arbitraria. Para el ministro de Gobierno chubutense Pablo Durán, su accionar también debería ser clasificado como terrorista en la Argentina, idea que comparte Bullrich con el envío de tropas federales para reprimir a los pobladores originarios.
Quien sí fue recusado por la defensa de los mapuches detenidos, por «enemistad manifiesta», fue José Luis Colabelli, juez que ordenó otro de los allanamientos y que en 2004 fuera destituido por la represión a la comunidad Fermín, de Vuelta de Río, y por declaraciones discriminatorias hacia los pueblos originarios. La Corte Suprema lo devolvió a sus funciones en 2010.
Ante la repercusión que alcanzó el hecho en el país y en el exterior, Das Neves envió a sus mejores negociadores para abrir algún espacio de diálogo con las comunidades: el mismo miércoles se firmó un acta para «preservar la paz social» y avanzar «en reclamos y necesidades de las comunidades de los pueblos originarios», un acuerdo a las apuradas que cayó mal entre no pocos dirigentes mapuches. Soraya Maicoño, una de las voceras reconocidas por los pobladores prefiere esperar para ver: «Tres personas no pueden arrogarse la representación de todas las comunidades, eso no es bueno. Sin embargo, tal vez esto sirva para que paren la represión brutal que estamos padeciendo.»
Por lo pronto, siete de los detenidos fueron liberados al otro día. A esa altura los reclamos crecían y hasta el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, debió emitir un comunicado instando a retomar vías civilizadas para negociar. El viernes, una comitiva integrada por Nora Cortiñas, Nicolás del Caño, Pablo Pimentel y Maria del Carmen Verdú, entre otros referentes sociales, viajaron a Esquel para hablar con el juez Otranto. A la salida, Verdú dijo a este diario que el magistrado había reconocido que no había muchas razones jurídicas para mantener a los últimos tres detenidos tras el ataque en Cushamen. Lo que adelantaba una salida a un nuevo episodio de esta centenaria historia de despojo.
Comentarios recientes